Las contradicciones del Estado, nuevamente, salen a la vista de todos cual suciedad mal escondida bajo una alfombra, demostrándonos una vez más que importa poco el nombre o color del partido (o coalición) que gestione el gobierno central y que, por el contrario, el problema lo encontraremos siempre en las razones sistemáticas que lo sustentan así como, en el caso muy concreto del Estado español, en su caracterización e idiosincrasia particular.
Tanto antes, así como a lo largo de lo que ha sido uno de los peores temporales climáticos de la historia reciente, hemos podido ser testigos de numerosos cortes eléctricos a lo largo y ancho del país; la periferia madrileña ha sido uno de los casos más llamativos y mediatizados pero debemos sumarlos a los sufridos en otras áreas de la capital, Catalunya, Extremadura o Andalucía (entre otros) y tener en cuenta todas las consecuencias directas e indirectas que emanan de este hecho: personas muertes en las calles por el frío, ausencia de calefacción entre los (muchos) hogares que dependen de la electricidad para calentar sus hogares, enfermedades derivadas de estas consecuencias durante una pandemia que ha saturado los de por sí recortados servicios de salud, temperaturas bajo cero en algunos casos, así como el propio impacto directo de la ausencia de luz y electricidad.
De poco han valido las previsiones de las que el gobierno de coalición presumían, allá por el 23 de diciembre cuando anunciaron sacando pecho el Real Decreto que pretendía aliviar estas situaciones, ni las líneas rojas tan humanitarias de Unidas Podemos, que una vez más se reviste de la peor y más sucia socialdemocracia que apuntala los intereses de las multinacionales, ante el gravísimo problema de pobreza energética que castiga principalmente, como no podía de ser de otra manera, a los sectores más vulnerables de la clase obrera. Pero también, nuevamente como viene siendo costumbre, benefician a esas mismas multinacionales que se embolsan anualmente incrementos en porcentaje de ganancias que suman cifras tan desorbitadas como vergonzosas.
Pese a que, incluso con la tan cacareada Constitución Española en la mano, se puede ejercer una estrategia de nacionalización de los recursos energéticos, algo que incluso podría ser, por tanto, realizado legalmente por el gobierno de coalición, los intereses del capital, las pertenencias a consejos de dirección y el instinto de conservar la capacidad de concentrar el grueso del capital en muy pocas manos parecen ser la mayor preocupación por encima de los problemas que a consecuencia de esta situación la clase obrera sufre en materia energética.
Los culpables de esta situación tienen nombre y apellidos, y no solamente Repsol, Naturgy o Endesa. También se llaman Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y, por supuesto, el propio sistema capitalista; la enfermedad permanentemente endémica que nos consume a todos. En esta situación, dramática para la salud y la forma de vida digna de amplios sectores de la población, también, desde el punto de vista de nuestro Comité, no se nos puede pasar desapercibida la participación de problemáticas singulares en el Estado, como las demasiado famosas «puertas giratorias», la ausencia de independencia judicial frente al poder ejecutivo, “el mercado eléctrico” o la «dictadura del termómetro» como fue bautizada por algunos medios de comunicación.
En todo caso, la pobreza energética es una consecuencia directa del modelo económico, del propio sistema, más allá de las propias características particulares de un Estado. Esta problemática afecta a la salud, e incluso a la vida, de cientos de millones de personas en todo el mundo. En el Estado español de manera muy concreta, con sus características individuales y la coyuntura que ofrece este gobierno de coalición, en teoría debería de ser un asunto de relativa fácil solución a través de la posibilidad (como vemos, perfectamente legal y aplicable) de la nacionalización junto a una estrategia responsable que cubriese y garantizase los servicios más básicos a los sectores populares. Sin embargo, estas opciones, ni si quiera desde el prisma de la mera reforma, están lejos de situarse en la agenda de la coalición del (falso) progreso.
En absoluto nos toma por sorpresa que, en la praxis, la aplicación de estas recetas sean inviables ni tan si quiera bajo el patrocinio de la presunta «promesa histórica» que, en teoría, suponía para algunos esta fórmula de coalición que gestiona el país en la actualidad. Bien sabemos que éste no es un problema de siglas sino de sistema y de Estado. Para nosotros, de forma rotunda e inequívoca, la auténtica receta de la problemática está lejos de abordar la energía únicamente sino al propio sistema y al Estado fascista como primer escalón de una escalera programática que nos conduzca al socialismo. La socialización de recursos base, entre las que se encuentra la energía, así como la sanidad, vivienda o educación, es finalmente la ecuación, en nuestra opinión, que resuelve las profundas contradicciones que permanentemente enriquecen a pocos pero asesinan a demasiados.
Por este motivo, nuestro Comité entiende que existe una necesidad imperiosa de doblegar a los poderes del Estado cara a la nacionalización de los recursos energéticos a través de la movilización popular, así como de fortalecer y reconstruir en todos los frentes la lucha por el socialismo, la auténtica vacuna que necesitamos frente al peor de los virus, el capitalismo salvaje y sus agentes patrocinadores en forma de partidos políticos repartidos por todo el arco del Congreso de los Diputados.
¡Nacionalización ya!
¡Socialismo o barbarie!
Comité D'Asturies Pola Amnistía 